López ha subrayado “la necesidad de proporcionar los conocimientos jurídicos y operativos necesarios para que todos los agentes sepan cómo actuar ante este fenómeno delictivo que genera graves perjuicios a las víctimas. Nuestro compromiso es ofrecer una atención lo más inmediata posible a los propietarios de los inmuebles afectados y que cada vez más efectivos conozcan la operativa del Servicio 112 Ocupación”.
Las ponencias forman parte de la instrucción que reciben estos profesionales para actuar de forma coordinada con todos los implicados en el proceso. También se han dado a conocer medidas de prevención y control relativos a la usurpación de inmuebles a altos mandos y jefes de la Policía Local.
En total, 65 agentes han recibido la instrucción, impartida por profesionales de la Agencia de Vivienda Social (AVS), Guardia Civil, Policía Nacional y el propio Servicio 112 Ocupación, “obteniendo una visión multidisciplinar de una realidad que combatimos con todas nuestras fuerzas dentro de nuestras competencias” ha subrayado el consejero.
Asimismo, López ha recordado que esta actividad se enmarca en la Estrategia Regional de Seguridad Integral (ESICAM179), cuyo objetivo es facilitar un marco integrador de las acciones y políticas en seguridad.
El IFISE mantiene una programación continúa y aborda temas de actualidad, como, por ejemplo, un curso sobre el fenómeno de las bandas juveniles, que fue impartida por docentes expertos del Gobierno de Guatemala el pasado mes de febrero.
Cerca de 3.000 llamadas tramitadas por el CECOM
El Servicio 112 Ocupación está coordinado entre las consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y de manera especial con la Agencia de Vivienda Social. Desde que se puso en funcionamiento el pasado 23 de junio, el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) ha tramitado 2.721 llamadas de las cuales 888, el 32%, corresponden a episodios relacionados con la ocupación de viviendas.
Ofrece atención durante las 24 horas del día a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono gratuito 900 205 112. Con una sola comunicación, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos de la Administración regional para hacer frente a este tipo de delitos. El usuario, además, puede ser objeto de la actuación y protección por parte de los Cuerpos policiales y recibir ayuda desde las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales.
El Ejecutivo autonómico ha implantado también otras medidas como la creación de la Mesa contra la Ocupación; ha suscrito convenios con empresas suministradoras de energía eléctrica y con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; ha establecido protocolos de actuación social en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas sin título válido, y reforzado la seguridad en los inmuebles de la AVS.
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